Por Mario Rapoport
Si existen en nuestro pasado gobiernos que han padecido al mismo tiempo, como el actual, el rechazo de la oposición política en el Congreso y el de los grandes medios de difusión de su época no fueron, como podría creerse, los del peronismo, que tuvieron siempre, al menos, el soporte de amplias mayorías legislativas, sino las dos administraciones radicales de Hipólito Yrigoyen.
En el año 1916, en el que Yrigoyen asumió el gobierno, sus partidarios eran minoría en diputados y senadores, mientras que en el resto de su primer mandato, 1918-1922, el líder radical logró una mayoría en la Cámara baja pero nunca la tuvo en el Senado. A su vez, en el período de su vuelta al poder, entre 1928 y 1930, le ocurrió lo mismo, salvo que a sus opositores de siempre, en especial los conservadores, se les sumaron los radicales antipersonalistas, que venían del mismo tronco político pero se transformaron en sus enemigos más acérrimos. Además, tendría en forma casi permanente la gran prensa en contra, tanto la “seria” –La Nación o La Prensa– como la “popular” –el famoso diario Crítica de Botana– en este caso sobre todo en el último período. Se dice que el pasado no explica el presente, sólo lo ilumina, pero es mejor leerlo a la luz de alguna vela que en plena oscuridad.
Decía con elocuencia el hoy poco recordado líder radical Moisés Lebensohn, prematuramente fallecido, fundador y verdadero ideólogo en los años ’40 de la rebelde intransigencia, que tuvo en su seno a figuras luego más conocidas como Frondizi y Balbín: “... el jaqueo a las reformas de Yrigoyen fue implacable. Constituyó la expresión despiadada de una clase que se aferra al statu quo y permanece insensible ante los padecimientos del pueblo y de la nacionalidad. El daño inferido al desarrollo nacional surge de la sola enunciación de los proyectos orgánicos de Yrigoyen, frustrados por la oposición legislativa” (Prólogo a Hipólito Yrigoyen: pueblo y gobierno, Raigal, 1954). Y esa enumeración era larga, iba desde los contratos colectivos de trabajo hasta salario mínimo, Código de Trabajo, jubilaciones y pensiones de empleados del comercio, la industria y el periodismo; cooperativas agrícolas; régimen de explotación del petróleo; creación de una marina mercante nacional; plan de vinculación ferroviaria entre las provincias de norte y del oeste y muchas otras. “Desde el Senado y la Cámara de Diputados, desde la prensa y la judicatura, desde las posiciones llave del mundo económico y de la ‘inteligencia’, la oligarquía le combate (a Yrigoyen) acerbamente... Nueve décimas partes del periodismo lo ataca con saña, le zahiere, le tuerce sus palabras y retuerce sus propósitos.” Expresiones que cobran relevancia en el anfiteatro actual de la política argentina.
Pero desde el punto de vista económico resulta interesante el rechazo a cuatro de sus proyectos de ley principales: la creación de un Banco de la República; la de un Banco Agrícola; la reforma del régimen tributario, en especial la implementación del impuesto a los réditos; y la imposición de derechos a la exportación. Parece que estuviéramos hablando de temas coyunturales pero no es el caso. En 1917, el ministro de Hacienda de Yrigoyen, Domingo Salaberry, propuso la conformación de un Banco de la República sobre la base de capitales estatales y la garantía por parte de la Nación de todas sus operaciones. No era el Banco Central de 1935 con mayoría de capitales privados –resultaba más parecido a la reforma que hizo Perón en 1946– aunque tenía todas las funciones de un banco de ese tipo: desde emitir moneda y hacer redescuentos hasta regular los cambios y las tasas de interés. La intención era practicar políticas contracíclicas regulando la cantidad de dinero y de crédito para que no escaseara en épocas de iliquidez ni sobrara en coyunturas de auge. Pero el Senado rechazó el proyecto y, en cambio, en 1927, ya con Alvear en la presidencia, se aprobó la reapertura de la Caja de Conversión, por la cual presionaban los intereses agroexportadores a fin de detener la revaluación del peso que se había producido debido a una reactivación coyuntural de la economía. El retorno a una tasa de cambio fija impulsaba de hecho una devaluación de nuestra moneda. Pero la medida resultó un fracaso y el propio Yrigoyen, de nuevo en el gobierno en 1928, tuvo que cerrar la Caja frente a la fuga de capitales hacia Wall Street impulsada por el auge previo a la crisis mundial que estallaría en octubre de 1929.
El mismo destino adverso para Yrigoyen tuvo en 1919 un proyecto de impuesto a los réditos. Para el Poder Ejecutivo el sistema argentino basado en los gravámenes aduaneros era deficiente y dependía en forma exclusiva de los avatares del comercio exterior. Sostenía que el nuevo impuesto resultaba el más equitativo (“la fórmula fiscal de la democracia” argüían en el debate parlamentario los diputados radicales) y se aplicaba ya en muchos países. Frente a la difícil situación financiera y el creciente déficit fiscal, su objetivo era obtener nuevos recursos evitando cualquier reducción de gastos basada en la eliminación de empleados públicos o en la disminución de las prestaciones sociales públicas, o sea, las que hoy denominamos políticas de ajuste.
El proyecto aplicaba una cuota fija progresiva sobre las personas físicas y jurídicas. La escala progresiva variaba del 0,5 por ciento para las rentas más bajas al 7 por ciento para las mayores. Las sociedades anónimas y demás comerciales y civiles tenían una tarifa especial según sus utilidades, que podría llegar hasta el 20 por ciento en aquellas que superaran el 50 por ciento de beneficios. Recién en 1931 Prebisch redactó un proyecto con el mismo propósito que el Congreso, con mayoría conservadora, antes opuesta al que presentaron los radicales, aprobó sin cuestionamientos en 1932.
También Yrigoyen presentó al Parlamento, y fue rechazado, un proyecto de creación de un Banco Agrícola cuyo objetivo era llevar “a los trabajadores del campo la posibilidad de movilizar y aprovechar sus capitales sin disminuir sus propias energías”. Estaba dirigido especialmente a los agricultores de menores recursos que no disponían de líneas de crédito accesibles. Igual suerte tuvo otro proyecto que aplicaba derechos a la exportación mediante una suma fija del 5 por ciento sobre el valor de los frutos o productos del país y del 2 por ciento sobre mercaderías de origen extranjero, sustituyendo el tan engorroso y poco productivo sistema de aforos, que se calculaban mensualmente y daban lugar a la subvaluación de los productos, por un derecho fijo fácilmente realizable. La “mesa de enlace” de esa época, expresada en las organizaciones agropecuarias, puso el grito en el cielo y la sensible mayoría conservadora en el Senado se opuso en bloque.
Frente a tanta oposición, que le impedía gobernar, Yrigoyen presentó en el Congreso, en 1921, un proyecto de ley que sometía a la Corte Suprema la posibilidad de dirimir esta cuestión basado en los términos de la misma Constitución, que permitía al Poder Ejecutivo dictar las leyes necesarias para ejercitar los poderes concedidos al gobierno de la Nación. Ese proyecto fue igualmente rechazado por la mayoría del Senado. Como señala una autora refiriéndose al impuesto a la renta: “la oposición, durante aquellos años, estuvo sistemáticamente en contra de otorgar a su adversario político mayores recursos financieros que pudieran dar autonomía a sus propuestas” (A. Montequin, en revista Ciclos N° 9, 1995). Dime qué historia te cuentan y te diré quién eres.
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